Mujeres migrantes huyen violencia en Centroamérica, enfrentan abuso en EE.UU.

En años recientes, el número de casos de mujeres llegando a la frontera de los EE.UU. ha aumentado por causa de un aumento en la violencia domestica, los femicidios, y la violación y abuso sexual por familiares, las pandillas y las bandas criminales en Centroamérica, particularmente en los estados del triángulo del norte: Honduras, El Salvador y Guatemala. Muchas de estas mujeres entran a los Estados Unidos en busca de asilo por motivos de temor a la violencia y el abuso.

Pero, estas mujeres centroaméricanas huyendo de la violencia en sus países de origen están sufriendo más abusos dentro del sistema roto de inmigración de los Estados Unidos.

Por años, una batalla legal se ha lanzado para conseguir asilo legal para las mujeres que huyen de situaciones de violencia doméstica. Mientras que han habidos algunos avances recientes en las leyes de inmigración, como ofreciendo amnistía para las mujeres guatemaltecas que han sufrido violencia doméstica severa, estas mujeres siguen enfrentándose a abusos y explotación. En sus países de origen faltan programas para proporcionar protección para las mujeres que son víctimas de la violencia, pero cuando ellas llegan a los Estados (después de someterse a el camino difícil) continúan experimentando dificultades en el sistema de ampliación de los centros de detención de familias y la limitada representación legal.

El número de mujeres que intentan cruzar la frontera sur de los Estados Unidos con sus hijos pasó de 12.000 en 2013 a más de 66.000 en 2014. El número de niñas no acompañadas menores de 18 años atrapadas en la frontera entre los Estados Unidos y México aumentó 77 por ciento en el año fiscal 2014 (hasta el 31 de mayo). Las niñas han reportado temor de violación y otros actos de violencia sexual cometidos por las pandillas, según un informe publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 2014. Muchas de ellas están huyendo también la pobreza extrema y la violencia del narcotráfico.

A medida que estas mujeres intentan huir de la violencia, a menudo con sus hijos en los pies, se enfrentan a nuevos abusos a un ritmo alarmante. Un preocupante 80 por ciento de las niñas y mujeres que cruzan México en ruta hacia los Estados Unidos desde Centroamérica reportan a centros migratorios que fueron violadas en el camino.

En Septiembre de 2014, el tribunal de última instancia para asuntos de inmigración en EEUU decretó que las mujeres de otros países que huyen de la violencia doméstica y temen por sus vidas, pueden ahora pedir asilo legalmente en Estados Unidos. Los cinco países que reflejan mayor número de ciudadanos que solicitan asilo en EE.UU. por “miedo creíble” son: El Salvador (1.552 peticiones), Honduras (513), Guatemala (401), México (393) y Ecuador (301), según La Republica que cita un registro oficial de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2013.

Sin embargo, antes de que a estas mujeres potencialmente se les puedan conceder el asilo, el gobierno de Estados Unidos exige que las migrantes sean detenidas hasta que sean sometidos a juicio, en el que es probable que sean deportadas. Con la crisis humanitaria en la frontera sur de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional ha tratado de abordar los inmigrantes entrantes con la expansión de centros de detención de familias a lo largo de la frontera sur.

Con el número de familias y niños migrantes en centros de detención creciendo rápidamente, defensores y abogados se preocupan de que el abuso está aumentando también. Diversas situaciones de abuso en los centros de detención se han reportado en los últimos meses.

El Fondo Mexicano-Americano para la Defensa Legal escribió una carta abierta a el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Septiembre de 2014, alegando que al menos tres empleados del Centro Residencial Condado de Karnes habían abusado “numerosas” mujeres en el centro de detención desde Agosto. Los guardias del centro de detención están acusados de tomar las detenidas desde sus celdas y participar en actos sexuales con ellas, asaltar a las mujeres en presencia de sus hijos, y pedir sexo a cambio de dinero o ayuda con sus casos de inmigración. Después de que las mujeres informaron de las acusaciones de abuso, las autoridades del centro de detención no abordaron el problema.

A raíz de estas denuncias, cientos de manifestantes protestaron la “máquina de detención y deportación” a cargo de centros de detención que operan con fines de lucro, como el de Karnes que es operado por el GEO Group Inc. bajo contrato con ICE.

A pesar de las acusaciones de abusos y las protestas, los Comisionados del Condado de Karnes votaron en Diciembre de 2014 para doblar la capacidad del centro de detención de 600 a 1.200 camas. El 7 de Noviembre de 2014, el ICE detuvo oficialmente el ingreso de las personas para el centro temporal en Artesia en preparación para cesar sus operaciones al final de 2014. Pero, el cierre del centro en Artesia sólo ha dado paso a la apertura del mayor centro de detención de familias del país: el Centro Familiar del sur de Tejas en Dilley. ICE jacta que la apertura de la instalación en Dilley en Diciembre de 2014 proporcionará capacidad inicial para albergar hasta 480 residentes, con la capacidad máxima para albergar hasta 2.400 personas.

Con la apertura del centro en Dilley el 15 de Diciembre de 2014, el Secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson dijo que su existencia le enviará un mensaje a las personas desesperadas al sur de la frontera con los Estados Unidos.

“Ahora será más probable que sean capturados, ahora será más probable que sean detenidos y enviados de vuelta”, dijo Johnson.

En lugar de proporcionar asilo seguro para las mujeres y niños que huyen de la violencia, autoridades de inmigración de los Estados Unidos están intencionalmente creando malas condiciones en los centros de detención de familias para intimidar a madres desesperadas de intentar migrar.

Aún para las mujeres migrantes que no están recluidas en centros de detención, el programa de “alternativas a la detención” del ICE ha sometido a casi 20.000 inmigrantes a usar monitores de tobillo lo largo de su proceso de deportación. Este programa ha sido impulsado en gran parte por su rentabilidad. La detención de inmigrantes cuesta alrededor de $122 al día, mientras que la supervisión por el monitor electrónico en el tobillo le cuesta al gobierno alrededor de $20 al día. La práctica de grilletes de tobillo ha sido considerado por muchos funcionarios de inmigración como una forma de tratamiento más humana   que la detención, pero muchas mujeres equipadas con estos monitores dicen que fueron coaccionadas por oficiales de ICE a firmar formularios de consentimiento sin haber sido informadas porque les dieron los monitores, cuando serán removidos, ni siquiera sabían que estaban pasando por un proceso de deportación.

Como ha sugerido Amnistía Internacional, el reciente aumento en los niños no acompañados y las familias migrando de América Central ha traído el fracturado sistema de inmigración de los Estados Unidos hacia el centro de atención de nuevo. Es hora de que los EE.UU. reforman nuestras leyes y políticas para responder a este tipo de crisis y alinearlos con sus obligaciones bajo derechos internacionales.

La “máquina de migración” en los Estados Unidos esta rota y necesita ser arreglada. Las mujeres maltratadas no deben ser abusadas aún más por el mismo sistema por el cual ellas buscan protección.